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jueves, 6 de julio de 2017

Se regulan los sistemas de control de los volúmenes de agua relativos a los aprovechamientos del dominio público hidráulico en las cuencas internas del País Vasco

La orden publicada tiene por objeto el establecimiento de los criterios técnicos para la determinación, instalación y mantenimiento de los sistemas de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, entendiendo como aprovechamiento la utilización de un volumen determinado de agua que se toma de uno o varios puntos, para uno o varios usos, dentro de una misma concesión o derecho al uso privativo de aguas pública. Así mismo, tiene por objeto regular las obligaciones de las personas titulares de dichos aprovechamientos en relación a dichos sistemas y a la información obtenida a través de los mismos.

Para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del dominio público hidráulico, en todos los aprovechamientos de aguas la persona titular del mismo queda obligada a la instalación y mantenimiento a su costa de un contador de agua. Teniendo que instalar uno por toma siguiendo las instrucciones de la empresa fabricante, y debiendo conservar toda la documentación facilitada por éste o, en su caso, por el instalador o servicio técnico.

El contador ha de ser verificable, precintable y no manipulable y deberá proporcionar, como mínimo, el volumen de agua acumulado expresado en metros cúbicos

Para los aprovechamientos con caudal máximo autorizado igual o mayor que 100 l/s., se deberá instalar un sistema de control de volúmenes que permita la estimación de volúmenes circulantes con frecuencia horaria y el almacenamiento y tratamiento de los datos

Registro y comunicación de los datos obtenidos. 

Se deberá registrar los volúmenes de agua derivados. Los registros estarán a disposición de la Agencia Vasca del Agua. Para ello, ésta habilita, en su web, una aplicación, de acceso individual y restringido, en la que los titulares registrarán los datos del volumen detraído. 

En función de la categoría del aprovechamiento se establecen los siguientes procedimientos de medición y registro: 

a) En los aprovechamientos con caudal máximo autorizado inferior a 4 l/s se registrará en la aplicación web una anotación del volumen captado anualmente expresado en metros cúbicos por año. El registro, se referirá al año natural, debiendo anotar la estimación en el mes de enero. 

b) En los aprovechamientos con caudal máximo autorizado igual o mayor que 4 l/s y menor que 100 l/s se registrará en la aplicación web una anotación del volumen captado mensualmente expresado en metros cúbicos por mes. El registro referido a cada mes, se anotará a mes vencido. 

c) En los aprovechamientos con caudal máximo autorizado igual o mayor que 100 l/s se registrará en la aplicación web una anotación del volumen captado diariamente expresado en metros cúbicos por día. El registro diario se anotará a mes vencido. 

Las personas titulares de aprovechamientos de categoría primera (menor 4 l/s) o segunda (entre 4 y 100 l/s) , alternativamente a lo establecido en los apartados anteriores podrán llevar dicho registro en papel mediante el modelo de formato recogido en el Anexo I de la orden debiendo conservarse éstos, al menos, durante 4 años. Los datos serán remitidos anualmente a la Agencia Vasca en el mes de enero de cada año.

miércoles, 5 de julio de 2017

Adecuación de maquinaria. RD 1215.

El Real Decreto1215/1997 obliga al empresario a disponer de máquinas adecuadas al trabajo a realizar, que cumplan cualquier disposición legal o reglamentaria de aplicación y adaptarlas a las disposiciones previstas en los anexos del citado Real Decreto.

Por ello el empresario está obligado a evaluar si las maquinas cumplen las disposiciones contenidas en Anexo I. Para ello se obliga a la realización de un informe técnico, que no tiene carácter de certificación, en el que un técnico competente analiza la adecuación de la máquina al Anexo I de dicho Real Decreto, evaluando los riesgos de la máquina y calificando la aptitud de los medios de prevención utilizados en la máquina para controlar esos riesgos.

En base a esta evaluación, se adoptan las medidas correctivas adecuadas para que el equipo cumpla, y el citado técnico u otro (no tiene porqué ser el mismo) certificará que la maquina cumple con las disposiciones impuestas por el RD1215. Los resultados de estas comprobaciones deben documentarse, manteniéndose a disposición de la autoridad laboral durante toda la vida laboral de los equipos.

El problema es lo que se entiende por técnico competente.

En ningún momento se define lo que es un “técnico competente”. De esta manera, debemos acudir a textos legales, y podemos concluir que la competencia para su aplicación la fija el Reglamento de Servicios de Prevención cuando habla de funciones y capacidades. Al ser riesgos complejos los derivados de los equipos de trabajo (al menos son complejos en muchos de los casos), necesariamente será un Técnico de Prevención de Nivel Superior el capacitado para firmar el “estudio de adecuación”.

Hasta aquí lo que se puede extraer directamente de la lectura de la legislación: cualquier Técnico de Prevención de Nivel Superior (por supuesto con, al menos, la especialidad de seguridad), tiene capacidad legal para firmar ese estudio, sin otra cualificación. Pero, en la práctica, se debería tener en cuenta que para la evaluación del riesgo del equipo hay que analizar su sistema de puesta en marcha, modos de mando y sistemas de protección..., muchas veces es imprescindible saber diferenciar los componentes electro-mecánicos, hidráulicos o neumáticos que lo conforman, o interpretar un esquema eléctrico o neumático. Difícilmente una persona con formación no técnica puede tener esa capacidad.

Por ello, para garantizar la calidad del trabajo y evitar problemas, un estudio de adecuación debería estar firmado por un Técnico de Prevención de Nivel Superior y con formación técnica (preferentemente una ingeniería o ingeniería técnica).

Este técnico podrá ser un técnico de un Servicio de Prevención Ajeno, un miembro de un Servicio de Prevención Propio o un trabajador de una OCA.