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Somos una organización dedicada a las consultoría de gestión empresarial ubicada en Bizkaia. Nuestro conocimiento, junto con el de nuestros colaboradores, nos permite desarrollar proyectos de gestión en los ámbitos de la calidad, medioambiente, seguridad y salud laboral, estrategia y personas, e implantar soluciones personalizadas e integrales para la consecución de objetivos concretos que permitan mejorar la competitividad de nuestros clientes.

martes, 20 de junio de 2017

Carreteras Verdes

Las administraciones europeas, desde la estrategia europea 2020, tratan de implicarse en la toma de medidas para reducir el impacto medioambiental para generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 


Uno de los puntos de esta estrategia 2020 es la regulación y fomento de la contratación pública verde, un proceso mediante el que autoridades públicas y semipúblicas deciden adquirir productos, servicios, obras y contratos en los sectores especiales con un impacto ambiental reducido. 

Dentro de los objetivos de la contratación pública verde está el fomento de la adquisición de materiales provenientes de procesos de reciclado. La intención es fomentar el modelo de economía circular, basado en una sociedad del reciclado, con el objetivo de reducir la producción de basura para emplearla como recursos.

Entre estos postulados se encuentran las carreteras sostenibles, construidas a partir de mezclas asfálticas menos contaminantes. El caucho pulverizado procedente de los neumáticos fuera de uso se incorpora a distintos tipos de betunes con propiedades diferentes siempre superiores a las obtenidas con las convencionales. Una de las consecuencias más positivas es el ahorro en gastos de conservación y la prolongación de su vida útil, ya que son mezclas más elásticas, por lo que se mejora la resistencia a la fisuración, aumentando su seguridad y durabilidad. 

Por otro lado, el color es más negro y crece el contraste entre las marcas blancas y el asfalto, por lo que disminuye el mantenimiento. 

Sin embargo, estos betunes mejorados son más costosos y, en época de crisis, las ofertas más económicas prevalecen frente a las eco en los concursos públicos, no mirando más allá de la inversión inmediata y obviando las consideración de ciclo de vida del producto en toda su extensión (más durabilidad, menos mantenimiento,…). 

Además, hay otro factor determinante a favor de este tipo de materiales reciclados, y es que los betunes suponen en torno al 5% del coste de una obra, un porcentaje insignificante en comparación con los beneficios que va a prestar, tanto a nivel ambiental como social y económico (desde un punto de vista de inversión a largo plazo)

Asimismo, según varios estudios sobre huella de carbono al utilizar polvo de neumático en las carreteras se reducen entre un 30 y un 40% las emisiones de CO2 respecto a una vía convencional. 

En España ya hay 1.250 kilómetros de estas carreteras. Teniendo en cuenta que a 31 de Diciembre de 2015 (último dato oficial del ministerio de fomento) hay 166.003 Kms, actualmente tenemos un 0,8% de carreteras “verdes”, por lo que queda mucho por hacer….




miércoles, 14 de junio de 2017

Nuevo Reglamento de protección contra incendios. RD 513/2017. Mantenimiento e inspección..

En el post anterior Nuevo Reglamento de protección contra incendios. RD 513/2017. Empresas instaladoras y/o mantenedoras, expusimos los motivos de promulgación del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. En el citado post comentamos los requisitos aplicables a mantenedores e instaladores.
En el presente post comentaremos las nuevas disposiciones aplicables al mantenimiento e inspección de las instalaciones.

Parte II. Mantenimiento e inspección de instalaciones.

Mantenimiento y conservación. 

Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, sujetos a este Reglamento, se someterán a las revisiones de mantenimiento que se establecen en el anexo II, en el cual se determina, en cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos mantenimientos consecutivos. En el citado Anexo se recogen 3 tablas: 
  • Tabla I mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de protección activa a realizar por fabricante, mantenedor o usuario. 
  • Tabla II mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de protección activa realizar por fabricante o mantenedor. 
  • Tabla III mantenimiento anual de sistemas de señalización fotoluminiscente a realizar por fabricante, mantenedor o usuario. 
Para seguimiento de los programas de mantenimiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios, establecidos en las tablas I, II y III, se deberán elaborar unas actas que serán conformes con la serie de normas UNE 23580 y que contendrán como mínimo la información siguiente: 

Mantenimiento por fabricante o mantenedor autorizado: 

a) Información general. 

1. Nombre y domicilio de la propiedad de la instalación. 
2. Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable de la instalación. 
3. Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable ante las operaciones de mantenimiento que se van a llevar a cabo. 
4. Domicilio de localización de la instalación y fecha de instalación. 
5. Empresa responsable de la última inspección y fecha de la misma. 
6. Empresa responsable del último mantenimiento y fecha del mismo. 
7. Nombre, n.º de identificación y domicilio de la empresa mantenedora. Declaración de que se está habilitada para todos y cada uno de los productos y sistemas sobre los que va a efectuar el mantenimiento 
8. Nombre de la/s persona/s responsable/s de realizar las operaciones de mantenimiento. Declaración de que dicha/s persona/s se encuentra/n cualificada/s para realizar los mantenimientos. 
9. Tipos de productos y sistemas que van a ser objeto de mantenimiento. 

b) Para cada producto o sistema sobre el que se realice mantenimiento. 

1. Tipo de producto o sistema, marca y modelo. 
2. Identificación unívoca del producto o sistema (ej.: mediante identificación de número de serie, ubicación…). 
3. Operaciones de mantenimiento realizadas y resultado. En caso de presentarse incidencias, acciones propuestas. 

Dichas actas deben ir firmadas por la empresa mantenedora y el representante de la propiedad de la instalación. 

Mantenimiento realizado por usuario de la instalación (ver Tabla II del Anexo II) 

En el caso de que una o varias operaciones de mantenimiento las realice el usuario o titular de la instalación no será obligatorio que las actas de tales operaciones sean conformes con lo dispuesto en la norma UNE 23580, sino que será suficiente con que estas contengan, al menos, la información siguiente: 

a) Información general. 

1. Nombre y domicilio de la propiedad de la instalación. 
2. Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable de la instalación. 
3. Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable ante las operaciones de mantenimiento que se van a llevar a cabo. 
4. Domicilio de localización de la instalación y fecha de instalación. 
5. Empresa responsable de la última inspección y fecha de la misma. 
6. Fecha de ultimo mantenimiento 
7. Nombre de responsable de realizar las operaciones de mantenimiento. 
8. Tipos de productos y sistemas que van a ser objeto de mantenimiento. 

b) Para cada producto o sistema sobre el que se realice mantenimiento. 

1. Tipo de producto o sistema, marca y modelo. 
2. Identificación unívoca del producto o sistema (ej.: mediante identificación de número de serie, ubicación…). 
3. Operaciones de mantenimiento realizadas y resultado. En caso de presentarse incidencias, acciones propuestas. 

En todos los casos, tanto la empresa que ha llevado a cabo el mantenimiento, como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, al menos durante cinco años, indicando, como mínimo, las operaciones y comprobaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos, que se hayan realizado. Las anotaciones, deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Inspecciones periódicas. 

En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios no esté regulada por reglamentación específica (un establecimiento no industrial), los titulares de las mismas deberán solicitar, al menos, cada diez años, a un organismo de control acreditado. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los edificios destinados a: 

a) Uso residencial vivienda, 
b) Uso administrativo con superficie construida menor de 2000 m2, 
c) Uso docente con superficie construida menor de 2000 m2, 
d) Uso comercial con superficie construida menor de 500 m2, 
e) Uso pública concurrencia con superficie construida menor de 500 m2 y 
f) Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m2 

Las instalaciones de protección contra incendios existentes a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán someterse a la primera inspección a los diez años de su puesta en servicio. 

Las instalaciones de protección contra incendios existentes con diez o más años desde su puesta en servicio, a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán someterse a la primera inspección en los siguientes plazos máximos

a) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 20 años: en el plazo de un año. 
b) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 15 años y menor a 20 años: en el plazo de dos años. 
c) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 10 años y menor a 15 años: en el plazo de tres años.

Nuevo Reglamento de protección contra incendios. RD 513/2017. Empresas instaladoras y/o mantenedoras.

El actual Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, contempla todos los aspectos a tener en cuenta en relación con el diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección activa contra incendios.

Este reglamento, vigente desde hace casi 25, se ha quedado obsoleto debido a la evolución, tanto de la técnica como del marco normativo.


El objeto de este Reglamento la determinación de las condiciones y los requisitos exigibles al diseño, instalación y/o aplicación, mantenimiento e inspección de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios. Por lo tanto afecta tanto a instaladores, como mantenedores así como a los usuarios de las instalaciones de protección contra incendios.

Debido a la extensión del mismo, a los múltiples aspectos novedosos, comentaremos en 2 partes los requisitos de aplicación:

Parte I. Empresas instaladoras y/o mantenedoras.



Parte I. Empresas instaladoras y/o mantenedoras.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de protección contra incendios.

Los productos (equipos, sistemas o sus componentes) de protección contra incendios, incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011, llevarán el marcado CE siempre que dispongan de una especificación técnica armonizada, ya sea norma armonizada o documento de evaluación europeo. Los no incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, deberán justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en este Reglamento

Ámbito de actuación de las empresas instaladoras.

La instalación de equipos y sistemas a los que se refiere este Reglamento se realizará por empresas instaladoras, debidamente habilitadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que solicita el alta como empresa instaladora, en los equipos o sistemas que vayan a instalar.

Como novedad importante se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior:
  • Los extintores portátiles cuando la superficie del establecimiento no sea mayor de 100 m2 o se trate de una vivienda unifamiliar, también podrán ser instalados por el usuario.
  • Las mantas ignífugas cuando la superficie del establecimiento no sea mayor de 100 m2 o se trate de una vivienda unifamiliar, también podrán ser instaladas por el usuario.
En cuanto a la habilitación de estas empresas se les exige para la misma un seguro de responsabilidad civil de al menos 800.000 euros, un sistema de calidad certificado, personal habilitado,….

En este caso, a nivel de usuario, hay que asegurarse de que el personal que realiza labores de mantenimiento sobre equipos de protección con gases fluorados de efecto invernadero (generalmente SF6), dispone de e los certificados de cualificación previstos en el Reglamento (CE) n.º 517/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y en el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, (…)

Ámbito de actuación de las empresas mantenedoras.

El mantenimiento de equipos y sistemas a los que se refiere este Reglamento se realizará por empresas mantenedoras, debidamente habilitadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que solicita el alta como empresa mantenedora, en los equipos o sistemas que vayan a mantener.

El usuario de equipos o sistemas de protección contra incendios podrá adquirir la condición de mantenedor de éstos, presentando una declaración responsable y disponiendo de medios técnicos y humanos suficientes para efectuar su correcto mantenimiento, así como de un seguro de responsabilidad civil apropiado.

En el caso de extintores de incendio, la empresa mantenedora colocará en todo extintor que haya mantenido, fuera de la etiqueta del fabricante del mismo, una etiqueta con su número de identificación, nombre, dirección, fecha en la que se ha realizado la operación, fecha en que debe realizarse la próxima revisión. Asimismo, las empresas mantenedoras de extintores de incendio llevarán un registro en el que figurarán los extintores y las operaciones realizadas a los mismos.

Puesta en Servicio en Instalaciones Industriales

Para la puesta en servicio de las instalaciones de protección activa contra incendios EN INSTALACIONES INDUSTRIALES, se requiere:
  • La presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de industria, antes de la puesta en funcionamiento de las mismas de un certificado de la empresa instaladora, emitido por un técnico titulado competente designado por la misma, en el que se hará constar que la instalación se ha realizado de conformidad con lo establecido en este Reglamento y de acuerdo al proyecto o documentación técnica.
  • Tener suscrito un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora debidamente habilitada, que cubra, al menos, los mantenimientos de los equipos y sistemas sujetos a este Reglamento, según corresponda.



lunes, 5 de junio de 2017

El Estado evaluará la eficacia de las subvenciones concedidas.

El Estado evaluará, por primera vez, si merece la pena la montaña de subvenciones que reparte cada año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) investigará «la eficiencia» de cerca de 25.000 millones de euros concedidos cada año a todos los sectores en un ejercicio de control de gasto sin precedentes. Se da por seguro que detectará duplicidades y ayudas públicas insólitas o estériles para los teóricos fines que persigue.


El Consejo de Ministros formalizó el pasado viernes el encargo a la AIReF con mandato de poner bajo la lupa tanto las subvenciones concedidas por la Administración central, como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Los fondos para la formación, las ayudas al transporte público, las subvenciones al gasóleo de determinados colectivos, el apoyo a la agricultura o los estímulos públicos para investigación y desarrollo son algunos de los ejemplos que deberán ser revisados. Se estima que la Administración central y la Seguridad Social otorgan cada año subvenciones por valor de 15.000 millones, las comunidades autónomas, cerca de 7.000 millones y, las corporaciones locales, más de 2.000.

El Gobierno pretende cumplir así una reiterada solicitud de la Comisión Europea, que considera esencial el examen en la lucha contra el déficit público. De hecho, su primera recomendación en su informe sobre España del pasado 22 de mayo incluye la puesta en marcha de este análisis, «porque puede ayudar a cumplir necesidades de gasto con un uso más eficiente de los recursos».

Según el plan de trabajo acordado, se prepararán, en el plazo de dos meses, «un plan de acción que incorporará los aspectos metodológicos y las previsiones del citado proceso de revisión, e incluirá una propuesta inicial con el detalle de las líneas de subvenciones a analizar, las entidades públicas afectadas, los períodos temporales a los que se refiera el análisis, y la información que sería necesaria para la realización de estos análisis, así como el presupuesto y calendario de desarrollo».