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Somos una organización dedicada a las consultoría de gestión empresarial ubicada en Bizkaia. Nuestro conocimiento, junto con el de nuestros colaboradores, nos permite desarrollar proyectos de gestión en los ámbitos de la calidad, medioambiente, seguridad y salud laboral, estrategia y personas, e implantar soluciones personalizadas e integrales para la consecución de objetivos concretos que permitan mejorar la competitividad de nuestros clientes.

lunes, 29 de mayo de 2017

Gestión documental en la gestión de residuos.

En el año 2015 se promulgó el Real Decreto 180/2015 que determinaba el nuevo régimen jurídico para el traslado de residuos en el ámbito del estado. Para aclarar los nuevos conceptos que se avecinaban en la gestión de residuos, publicamos el post : RD 180/2015 por el que se regula el traslado de resiudos. Nuevo marco normativo.

Pasados dos años de la entrada en vigor del mismo, siguen surgiendo dudas respecto a la aplicación del mismo. Por ello en el presente post pretendemos a aclarar algunas de ellas:

¿Sólo traslados entre comunidades? 

El ámbito de aplicación se circunscribe al traslado de residuos entre distintas comunidades autónomas, sin embargo y con el objeto de normalizar la gestión documental, se exige que todos los traslados (inter e intra) dispongan de la misma tipología de documentación: Notificación previa, contrato de tratamiento y documento de identificación.

¿La notificación de traslado y el documento de identificación se aplica a residuos no peligrosos también?

El ámbito de aplicación es para todos los residuos, por lo que el documento de identificación es obligatorio para residuos tanto peligrosos como no peligrosos. 

Asimismo, la notificación de traslado se aplica ya no sólo a residuos peligrosos, sino a residuos no peligrosos destinados a eliminación, a instalaciones de incineración clasificadas como de valorización (operación R1) y a los que se destinen a valorización de residuos domésticos mezclados (LER 200301).

La notificación de traslado deja de ser obligatoria a cada movimiento de residuo. se permite que tenga una validez máxima de tres años si los residuos tienen características físicas y químicas similares y se trasladarán al mismo destinatario y a la misma instalación.

Se debe consignar, si lo hubiere, en la notificación de traslado si el residuo vaya a pasar por un almacenamiento temporal. El operador del traslado deberá indicar en la NT los datos del almacenamiento intermedio y los de un máximo tres gestores destino del residuo.

En la documentación de gestión del residuo, se distinguen la figuras de titular de instalación de gestión y explotador. El destino es la instalación física donde termina el traslado y destinatario la persona física o jurídica que va a realizar el tratamiento de los residuos en la instalación de destino.

¿Quién ha de realizar la notificación de traslado? 

El operador del traslado=productor de residuos (persona física o jurídica que hace trasladar residuos para su tratamiento) es quién está obligado a notificar el traslado. En el contrato de tratamiento se debe la periodicidad de los traslados, el tipo de tratamiento y el protocolo de actuación y rechazo de residuos.

El operador será el encargado de cumplimentar este documento y entregárselo al transportista. El gestor destinatario dispondrá de un plazo de treinta días desde la recepción del residuo para remitir el DI al operador indicando si acepta o rechaza los residuos. Para los movimientos de residuos no peligrosos se permite que un albarán, carta de porte, factura u otro tipo de documento actúe como DI siempre y cuando contenga la misma información que indica el Anexo I.

martes, 16 de mayo de 2017

Arnés de seguridad y plataformas elevadoras

Muchos clientes nos cuestionan el porqué de la obligación de llevar arnés de seguridad en plataformas elevadoras, si estas ya poseen elementos de seguridad tales como rodapiés, barandilla intermedia y superior. Sin embargo, los fabricantes de plataformas incluyen en el manual del operador la obligatoriedad de enganchar el arnés a la cesta de la plataforma ya que el arnés anticaída no es por si vuelca la plataforma, es por si te echa fuera de plataforma (movimientos bruscos, choque contra estructuras, circulación por terrenos irregulares, etc.).

¿Pero la ley soporta esta obligación?

Si. El Anexo II, punto 1, apartado 3 del R.D. 1215/1997 determina que: “Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate. Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control.

En el caso de plataformas de tijera y elevadores verticales unipersonales, al no producirse el efecto catapulta como en las de brazo, si la máquina está equipada con barandillas, no es necesario que el personal que trabaja en un elevador vertical (Plataformas de Tijera y Elevadores verticales unipersonales) utilice el arnés de seguridad, con excepción de circunstancias especiales de riesgo.

Asimismo, al disponer de amplias superficies para la movilidad de los operarios, el arnés limitaría la posibilidad de movimiento de los operadores a bordo de la misma y limitaría la visión del operador en las maniobras (por ejemplo cuando hace marcha atrás). Aunque, si la evaluación de riesgos o un plan de seguridad y salud, lo determinase, así como el manual de fabricante, si sería de uso obligatorio.










miércoles, 3 de mayo de 2017

Retirada de gases fluorados de efecto invernadero.

Los hidrocarburos halogenados han venido siendo utilizados de manera habitual en numerosos sectores como refrigerantes, disolventes, agentes espumantes o como agentes extintores de incendios, por sus especiales propiedades con indudables beneficios para la sociedad.


Sin embargo, entre las características de estas sustancias, hay que destacar su contribución al calentamiento de la atmósfera, así como el alto poder destructivo del ozono estratosférico de aquellos compuestos que contienen cloro y/o bromo, lo que ha obligado a que gran parte de estas sustancias hayan sido reguladas por el Protocolo de Kioto sobre gases de efecto invernadero y por el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

La regulación en materia de gases fluorados tiene la finalidad de controlar la contribución de sus emisiones al cambio climático por un lado, dado su potencial de calentamiento atmosférico (PCA o GWP por sus siglas en inglés), y al potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico por otro (PAO u ODP por sus siglas en inglés), incluyendo en este último caso a hidrocarburos clorados o bromados.

Las empresas habilitadas para el mantenimiento y revisión de los productos y aparatos que contienen gases fluorados, podrán almacenar y transportar tanto gases fluorados vírgenes como gases fluorados recuperados, entendiéndose por tales los extraídos de los productos y aparatos, y los recipientes que los contienen. Cuando los gases fluorados se destinen a la regeneración o destrucción se deberán entregar en un plazo no superior a seis meses a un gestor de residuos para su tratamiento. A tal efecto, deberán disponer de un contrato en vigor con el gestor que asegure la mencionada recogida periódica de los residuos generados en sus instalaciones en el desarrollo de su actividad, así como de una contabilidad actualizada de las cantidades de residuos generadas. Dicha empresa habilitada deberá realizar la comunicación correspondiente al órgano competente de su comunidad autónoma del inicio de su actividad como productor de residuos de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

El personal que realice el transporte de los contenedores de gases fluorados deberá acreditar el cumplimiento del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (ADR), con autorización y registro del transporte por la comunidad autónoma y del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.