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Somos una organización dedicada a las consultoría de gestión empresarial ubicada en Bizkaia. Nuestro conocimiento, junto con el de nuestros colaboradores, nos permite desarrollar proyectos de gestión en los ámbitos de la calidad, medioambiente, seguridad y salud laboral, estrategia y personas, e implantar soluciones personalizadas e integrales para la consecución de objetivos concretos que permitan mejorar la competitividad de nuestros clientes.

jueves, 30 de noviembre de 2017

Extintores en Carretillas ¿Son obligatorios?

¿Cuando un vehículo de trabajo ha de llevar un equipo de extinción de incendios?.

Esta duda surge en múltiples ocasiones, sobre todo si el vehículo viene con una zona o espacio habilitado a tal efecto.


En el caso de automóviles, estos se regirán por el Reglamento General de Vehículos y deberán llevar equipos de extinción si está destinado al transporte de mercancías y tiene una Masa Máxima Autorizada (MMA) superior a 3.500 kg.

¿Pero en el caso de una carretilla, grúa, dumper, etc...?. ¿Estos vehículos tienen obligación de llevarlos?.

El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, determina en el Anexo I apartado 2.1.f.6, que "los equipos de trabajo móviles si entrañan riesgos de incendio, por ellos mismos o debido a sus remolques o cargas, que puedan poner en peligro a los trabajadores, deberán contar con dispositivos apropiados de lucha contra incendios, excepto cuando el lugar de utilización esté equipado con ellos en puntos suficientemente cercanos".

Es decir, equipos de trabajo en zonas abiertas, sin equipos de extinción cercanos o de fácil acceso para los trabajadores, necesitan extintores. Por el contrario, la típica carretilla elevadora que se utiliza en almacén no necesitaría de extintor.

Es importante también recordar que los extintores de incendios instalados en los equipos de trabajo, ya sean obligatorios o no, deben de estar debidamente revisados tal y como marca la legislación contra incendios (RD 513/2017).


martes, 10 de octubre de 2017

Donald Trump tumba el plan para reducir los GEI.

El Gobierno de Donald Trump dará hoy martes la estocada final al plan de Barack Obama para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en las centrales eléctricas, uno de los giros políticos radicales de la nueva Casa Blanca, que le aleja así de los objetivos del Pacto de París, del que se ha descolgado, y le acerca al votante estadounidense preocupado por el empleo en las minas de carbón. 

El jefe de la Agencia de Protección Medioambiental avanzó este lunes que firmaría la propuesta para empezar la retirada de este programa impulsado por el Gobierno demócrata, que se consideró una hostilidad contra las regiones afectadas y se topó con muchos problemas legales.

“Este es el mensaje del presidente: la guerra del carbón ha terminado”, dijo Pruitt en un acto público celebrado precisamente en un punto caliente de esta industria, la ciudad de Hazard, en el estado de Kentucky. El objetivo de Obama consistía en una reducción de la contaminación del 32% en el horizonte de 2030, con respecto a los niveles de 2005, algo que afectaba a 1.600 plantas en todo el país. Las más contaminantes hubiesen tenido que cerrar.

La actividad de las centrales eléctricas que utilizan el gas o el carbón supone alrededor de un tercio de las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos, aunque muchas ya han comenzado un proceso de abandono de energías fósiles. La regulación de Obama, según los datos facilitados en su día, acarrearía un coste de 9.600 millones de dólares, pero reportaría entre 37.000 y 90.000 millones de dólares en beneficios a largo plazo.

Posibles consecuencias ambientales.

Los científicos aseguran que empeoraría un problema ya grave y que sería mucho más difícil prevenir el cruce de un peligroso umbral de temperatura global.

Los científicos, además, coinciden en que empeorará un problema ya difícil de por sí y que hará más difícil prevenir el cruce de un umbral peligroso en la temperatura global.

Esmprobable que la Tierra alcance niveles de calentamiento más peligrosos incluso antes de que Estados Unidos anuncie si abandonará su promesa de reducir la contaminación por dióxido de carbono. Eso es así porque Estados Unidos ya contribuye mucho al aumento de las temperaturas mundiales.

Los cálculos indican que eso podría dar lugar a emisiones en la atmósfera de hasta 3,000 millones de toneladas de dióxido de carbono adicionales al año.

En vista de que ese volumen se acumula año tras año, los científicos aseguran que es suficiente para derretir las capas de hielo más rápidamente, elevar el nivel de los mares y desencadenar un clima más extremo.

"Si nos demoramos, el lazo se va a estrechar", expresó el científico climático Michael Oppenheimer, de la Universidad de Princeton, codirector de la revista especializada Climatic Change.

Un grupo de expertos realizó una simulación por computadora de lo que ocurriría si Estados Unidos no frena sus emisiones, pero otras naciones cumplen sus objetivos. Encontró que Estados Unidos aportaría un calentamiento de hasta medio grado Fahrenheit al planeta a finales de siglo.

Otros sostuvieron que el panorama empeorará, porque otros países podrían seguir el ejemplo de Washington, lo que significaría más emisiones de todos.

Aunque los científicos no están completamente de acuerdo sobre las simulaciones por computadora, sí están de acuerdo abrumadoramente en que el calentamiento que va vive el planeta será más rápido y más intenso.

Sin el apoyo de Estados Unidos, será más difícil que el planeta evite cruzar un umbral peligroso: evitar que el mundo se caliente más de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

El mundo ya se ha calentado un poco más de la mitad de esa cifra. Cerca de una quinta parte de las emisiones de dióxido de carbono provienen de Estados Unidos, generalmente por la quema de carbón, petróleo y gas, por lo que el panorama ya es de por si nada alentador.

viernes, 29 de septiembre de 2017

Plataformas elevadoras y velocidad de viento.

Todas las plataformas, con excepción de las que están diseñadas para trabajo en interior que no pueden trabajar con viento, están diseñadas para aguantar una velocidad de viento hasta un máximo que se debe marcar en la máquina. Operaciones por encima del máximo indicado por el fabricante pueden causar inestabilidad.

La velocidad del viento generalmente aceptada, y también el máximo en el que un operario puede trabajar cómodamente, es de 12,5 m/s (45 km/h).

La velocidad del viento se puede medir desde la plataforma con un anemómetro de mano, un instrumento mucho más fiable que cualquier otra medición visual (Escala Beaufort).

Es muy importante tener en consideración que la velocidad del viento aumenta con la altura y puede ser hasta un 50% superior a una altura de 20 metros comparado con la velocidad en tierra.

Además se debe tener cuidado al manipular materiales con una grande superficie como paneles que pueden actuar como "velas" y afectar gravemente la estabilidad de una PEMP, especialmente en condiciones de viento racheado. Por la misma razón, carteles, letreros y similares no deben aplicarse ni siquiera temporalmente a la plataforma.

Al trabajar en una zona de edificios altos se puede verificar el así dicho “efecto embudo” que causa ráfagas de viento muy fuertes. Otras zonas que pueden tener ráfagas de viento inesperadas son en proximidad de aeronaves en los aeropuertos y vehículos en las autopistas

martes, 19 de septiembre de 2017

Riesgos y Oportunidades en un Sistema de Gestión Ambiental.

En el punto 6.1.1. de la Norma ISO 14001:2015, se determina que:

“Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe (…) determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos y otras cuestiones y requisitos identificados en el análisis de contexto y necesidades y expectativas de partes interesadas”…

Es importante hacer hincapié en que todo aspecto ambiental tiene asociado uno o varios impactos ambientales (Aspecto: consumo de gasoil para el transporte; Impacto: Disminución de recursos naturales, emisiones indirectas de GEI en el procesado del gasoil,…; Aspecto: Generación de ACS mediante placas fotovoltaicas; Impacto: Conservación de recursos naturales, minimización de emisiones indirectas de GEI en generación de energía,…)

Esto nos lleva a que los aspectos ambientales pueden crear riesgos y oportunidades asociados con impactos ambientales adversos, impactos ambientales beneficiosos y otros efectos para la organización. Los riesgos y oportunidades relacionados con aspectos ambientales se pueden determinar como parte de la evaluación de los aspectos ambientales. Así, los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades asociados tanto con impactos ambientales adversos (amenazas) como con impactos ambientales beneficiosos (oportunidades).

En cuanto a riesgos asociados a los requisitos legales los riesgos estarán asociados a la imagen de la organización por un incumplimiento legal o como oportunidad la potenciación de la imagen por el uso de tecnologías verdes que proporciona un nivel de cumplimiento mucho más allá de lo legalmente establecido.

La organización también puede tener riesgos y oportunidades relacionados con otras cuestiones, que incluyen las condiciones ambientales o las necesidades y expectativas de las partes interesadas como puede ser:

  • Limitaciones económicas que impiden la realización de operaciones de mantenimiento preventivo con marcado carácter ambiental (limpiezas de arquetas) o desarrollo de procedimientos operativos (zonas de segregación de residuos líquidos con poco espacio para su carga/descarga).
  • Cambios en la ordenación urbanística que provoca la edificación de zonas residenciales cerca de nuestras instalaciones, lo que podría implicar inversiones para mejoras de instalaciones para la reducción de niveles de ruido.
  • Introducción de nuevas tecnologías subvencionadas que puedan aportar mejoras ambientales evidentes (reducción de consumos, emisiones atmosféricas,…)
  • Existencia de periodos de sequía que puedan afectar a futuros a permisos de captación.


jueves, 6 de julio de 2017

Se regulan los sistemas de control de los volúmenes de agua relativos a los aprovechamientos del dominio público hidráulico en las cuencas internas del País Vasco

La orden publicada tiene por objeto el establecimiento de los criterios técnicos para la determinación, instalación y mantenimiento de los sistemas de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, entendiendo como aprovechamiento la utilización de un volumen determinado de agua que se toma de uno o varios puntos, para uno o varios usos, dentro de una misma concesión o derecho al uso privativo de aguas pública. Así mismo, tiene por objeto regular las obligaciones de las personas titulares de dichos aprovechamientos en relación a dichos sistemas y a la información obtenida a través de los mismos.

Para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del dominio público hidráulico, en todos los aprovechamientos de aguas la persona titular del mismo queda obligada a la instalación y mantenimiento a su costa de un contador de agua. Teniendo que instalar uno por toma siguiendo las instrucciones de la empresa fabricante, y debiendo conservar toda la documentación facilitada por éste o, en su caso, por el instalador o servicio técnico.

El contador ha de ser verificable, precintable y no manipulable y deberá proporcionar, como mínimo, el volumen de agua acumulado expresado en metros cúbicos

Para los aprovechamientos con caudal máximo autorizado igual o mayor que 100 l/s., se deberá instalar un sistema de control de volúmenes que permita la estimación de volúmenes circulantes con frecuencia horaria y el almacenamiento y tratamiento de los datos

Registro y comunicación de los datos obtenidos. 

Se deberá registrar los volúmenes de agua derivados. Los registros estarán a disposición de la Agencia Vasca del Agua. Para ello, ésta habilita, en su web, una aplicación, de acceso individual y restringido, en la que los titulares registrarán los datos del volumen detraído. 

En función de la categoría del aprovechamiento se establecen los siguientes procedimientos de medición y registro: 

a) En los aprovechamientos con caudal máximo autorizado inferior a 4 l/s se registrará en la aplicación web una anotación del volumen captado anualmente expresado en metros cúbicos por año. El registro, se referirá al año natural, debiendo anotar la estimación en el mes de enero. 

b) En los aprovechamientos con caudal máximo autorizado igual o mayor que 4 l/s y menor que 100 l/s se registrará en la aplicación web una anotación del volumen captado mensualmente expresado en metros cúbicos por mes. El registro referido a cada mes, se anotará a mes vencido. 

c) En los aprovechamientos con caudal máximo autorizado igual o mayor que 100 l/s se registrará en la aplicación web una anotación del volumen captado diariamente expresado en metros cúbicos por día. El registro diario se anotará a mes vencido. 

Las personas titulares de aprovechamientos de categoría primera (menor 4 l/s) o segunda (entre 4 y 100 l/s) , alternativamente a lo establecido en los apartados anteriores podrán llevar dicho registro en papel mediante el modelo de formato recogido en el Anexo I de la orden debiendo conservarse éstos, al menos, durante 4 años. Los datos serán remitidos anualmente a la Agencia Vasca en el mes de enero de cada año.

miércoles, 5 de julio de 2017

Adecuación de maquinaria. RD 1215.

El Real Decreto1215/1997 obliga al empresario a disponer de máquinas adecuadas al trabajo a realizar, que cumplan cualquier disposición legal o reglamentaria de aplicación y adaptarlas a las disposiciones previstas en los anexos del citado Real Decreto.

Por ello el empresario está obligado a evaluar si las maquinas cumplen las disposiciones contenidas en Anexo I. Para ello se obliga a la realización de un informe técnico, que no tiene carácter de certificación, en el que un técnico competente analiza la adecuación de la máquina al Anexo I de dicho Real Decreto, evaluando los riesgos de la máquina y calificando la aptitud de los medios de prevención utilizados en la máquina para controlar esos riesgos.

En base a esta evaluación, se adoptan las medidas correctivas adecuadas para que el equipo cumpla, y el citado técnico u otro (no tiene porqué ser el mismo) certificará que la maquina cumple con las disposiciones impuestas por el RD1215. Los resultados de estas comprobaciones deben documentarse, manteniéndose a disposición de la autoridad laboral durante toda la vida laboral de los equipos.

El problema es lo que se entiende por técnico competente.

En ningún momento se define lo que es un “técnico competente”. De esta manera, debemos acudir a textos legales, y podemos concluir que la competencia para su aplicación la fija el Reglamento de Servicios de Prevención cuando habla de funciones y capacidades. Al ser riesgos complejos los derivados de los equipos de trabajo (al menos son complejos en muchos de los casos), necesariamente será un Técnico de Prevención de Nivel Superior el capacitado para firmar el “estudio de adecuación”.

Hasta aquí lo que se puede extraer directamente de la lectura de la legislación: cualquier Técnico de Prevención de Nivel Superior (por supuesto con, al menos, la especialidad de seguridad), tiene capacidad legal para firmar ese estudio, sin otra cualificación. Pero, en la práctica, se debería tener en cuenta que para la evaluación del riesgo del equipo hay que analizar su sistema de puesta en marcha, modos de mando y sistemas de protección..., muchas veces es imprescindible saber diferenciar los componentes electro-mecánicos, hidráulicos o neumáticos que lo conforman, o interpretar un esquema eléctrico o neumático. Difícilmente una persona con formación no técnica puede tener esa capacidad.

Por ello, para garantizar la calidad del trabajo y evitar problemas, un estudio de adecuación debería estar firmado por un Técnico de Prevención de Nivel Superior y con formación técnica (preferentemente una ingeniería o ingeniería técnica).

Este técnico podrá ser un técnico de un Servicio de Prevención Ajeno, un miembro de un Servicio de Prevención Propio o un trabajador de una OCA.



martes, 20 de junio de 2017

Carreteras Verdes

Las administraciones europeas, desde la estrategia europea 2020, tratan de implicarse en la toma de medidas para reducir el impacto medioambiental para generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 


Uno de los puntos de esta estrategia 2020 es la regulación y fomento de la contratación pública verde, un proceso mediante el que autoridades públicas y semipúblicas deciden adquirir productos, servicios, obras y contratos en los sectores especiales con un impacto ambiental reducido. 

Dentro de los objetivos de la contratación pública verde está el fomento de la adquisición de materiales provenientes de procesos de reciclado. La intención es fomentar el modelo de economía circular, basado en una sociedad del reciclado, con el objetivo de reducir la producción de basura para emplearla como recursos.

Entre estos postulados se encuentran las carreteras sostenibles, construidas a partir de mezclas asfálticas menos contaminantes. El caucho pulverizado procedente de los neumáticos fuera de uso se incorpora a distintos tipos de betunes con propiedades diferentes siempre superiores a las obtenidas con las convencionales. Una de las consecuencias más positivas es el ahorro en gastos de conservación y la prolongación de su vida útil, ya que son mezclas más elásticas, por lo que se mejora la resistencia a la fisuración, aumentando su seguridad y durabilidad. 

Por otro lado, el color es más negro y crece el contraste entre las marcas blancas y el asfalto, por lo que disminuye el mantenimiento. 

Sin embargo, estos betunes mejorados son más costosos y, en época de crisis, las ofertas más económicas prevalecen frente a las eco en los concursos públicos, no mirando más allá de la inversión inmediata y obviando las consideración de ciclo de vida del producto en toda su extensión (más durabilidad, menos mantenimiento,…). 

Además, hay otro factor determinante a favor de este tipo de materiales reciclados, y es que los betunes suponen en torno al 5% del coste de una obra, un porcentaje insignificante en comparación con los beneficios que va a prestar, tanto a nivel ambiental como social y económico (desde un punto de vista de inversión a largo plazo)

Asimismo, según varios estudios sobre huella de carbono al utilizar polvo de neumático en las carreteras se reducen entre un 30 y un 40% las emisiones de CO2 respecto a una vía convencional. 

En España ya hay 1.250 kilómetros de estas carreteras. Teniendo en cuenta que a 31 de Diciembre de 2015 (último dato oficial del ministerio de fomento) hay 166.003 Kms, actualmente tenemos un 0,8% de carreteras “verdes”, por lo que queda mucho por hacer….




miércoles, 14 de junio de 2017

Nuevo Reglamento de protección contra incendios. RD 513/2017. Mantenimiento e inspección..

En el post anterior Nuevo Reglamento de protección contra incendios. RD 513/2017. Empresas instaladoras y/o mantenedoras, expusimos los motivos de promulgación del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. En el citado post comentamos los requisitos aplicables a mantenedores e instaladores.
En el presente post comentaremos las nuevas disposiciones aplicables al mantenimiento e inspección de las instalaciones.

Parte II. Mantenimiento e inspección de instalaciones.

Mantenimiento y conservación. 

Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, sujetos a este Reglamento, se someterán a las revisiones de mantenimiento que se establecen en el anexo II, en el cual se determina, en cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos mantenimientos consecutivos. En el citado Anexo se recogen 3 tablas: 
  • Tabla I mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de protección activa a realizar por fabricante, mantenedor o usuario. 
  • Tabla II mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de protección activa realizar por fabricante o mantenedor. 
  • Tabla III mantenimiento anual de sistemas de señalización fotoluminiscente a realizar por fabricante, mantenedor o usuario. 
Para seguimiento de los programas de mantenimiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios, establecidos en las tablas I, II y III, se deberán elaborar unas actas que serán conformes con la serie de normas UNE 23580 y que contendrán como mínimo la información siguiente: 

Mantenimiento por fabricante o mantenedor autorizado: 

a) Información general. 

1. Nombre y domicilio de la propiedad de la instalación. 
2. Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable de la instalación. 
3. Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable ante las operaciones de mantenimiento que se van a llevar a cabo. 
4. Domicilio de localización de la instalación y fecha de instalación. 
5. Empresa responsable de la última inspección y fecha de la misma. 
6. Empresa responsable del último mantenimiento y fecha del mismo. 
7. Nombre, n.º de identificación y domicilio de la empresa mantenedora. Declaración de que se está habilitada para todos y cada uno de los productos y sistemas sobre los que va a efectuar el mantenimiento 
8. Nombre de la/s persona/s responsable/s de realizar las operaciones de mantenimiento. Declaración de que dicha/s persona/s se encuentra/n cualificada/s para realizar los mantenimientos. 
9. Tipos de productos y sistemas que van a ser objeto de mantenimiento. 

b) Para cada producto o sistema sobre el que se realice mantenimiento. 

1. Tipo de producto o sistema, marca y modelo. 
2. Identificación unívoca del producto o sistema (ej.: mediante identificación de número de serie, ubicación…). 
3. Operaciones de mantenimiento realizadas y resultado. En caso de presentarse incidencias, acciones propuestas. 

Dichas actas deben ir firmadas por la empresa mantenedora y el representante de la propiedad de la instalación. 

Mantenimiento realizado por usuario de la instalación (ver Tabla II del Anexo II) 

En el caso de que una o varias operaciones de mantenimiento las realice el usuario o titular de la instalación no será obligatorio que las actas de tales operaciones sean conformes con lo dispuesto en la norma UNE 23580, sino que será suficiente con que estas contengan, al menos, la información siguiente: 

a) Información general. 

1. Nombre y domicilio de la propiedad de la instalación. 
2. Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable de la instalación. 
3. Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable ante las operaciones de mantenimiento que se van a llevar a cabo. 
4. Domicilio de localización de la instalación y fecha de instalación. 
5. Empresa responsable de la última inspección y fecha de la misma. 
6. Fecha de ultimo mantenimiento 
7. Nombre de responsable de realizar las operaciones de mantenimiento. 
8. Tipos de productos y sistemas que van a ser objeto de mantenimiento. 

b) Para cada producto o sistema sobre el que se realice mantenimiento. 

1. Tipo de producto o sistema, marca y modelo. 
2. Identificación unívoca del producto o sistema (ej.: mediante identificación de número de serie, ubicación…). 
3. Operaciones de mantenimiento realizadas y resultado. En caso de presentarse incidencias, acciones propuestas. 

En todos los casos, tanto la empresa que ha llevado a cabo el mantenimiento, como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, al menos durante cinco años, indicando, como mínimo, las operaciones y comprobaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos, que se hayan realizado. Las anotaciones, deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Inspecciones periódicas. 

En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección activa contra incendios no esté regulada por reglamentación específica (un establecimiento no industrial), los titulares de las mismas deberán solicitar, al menos, cada diez años, a un organismo de control acreditado. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los edificios destinados a: 

a) Uso residencial vivienda, 
b) Uso administrativo con superficie construida menor de 2000 m2, 
c) Uso docente con superficie construida menor de 2000 m2, 
d) Uso comercial con superficie construida menor de 500 m2, 
e) Uso pública concurrencia con superficie construida menor de 500 m2 y 
f) Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m2 

Las instalaciones de protección contra incendios existentes a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán someterse a la primera inspección a los diez años de su puesta en servicio. 

Las instalaciones de protección contra incendios existentes con diez o más años desde su puesta en servicio, a la entrada en vigor del presente Reglamento, deberán someterse a la primera inspección en los siguientes plazos máximos

a) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 20 años: en el plazo de un año. 
b) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 15 años y menor a 20 años: en el plazo de dos años. 
c) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 10 años y menor a 15 años: en el plazo de tres años.

Nuevo Reglamento de protección contra incendios. RD 513/2017. Empresas instaladoras y/o mantenedoras.

El actual Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, contempla todos los aspectos a tener en cuenta en relación con el diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección activa contra incendios.

Este reglamento, vigente desde hace casi 25, se ha quedado obsoleto debido a la evolución, tanto de la técnica como del marco normativo.


El objeto de este Reglamento la determinación de las condiciones y los requisitos exigibles al diseño, instalación y/o aplicación, mantenimiento e inspección de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios. Por lo tanto afecta tanto a instaladores, como mantenedores así como a los usuarios de las instalaciones de protección contra incendios.

Debido a la extensión del mismo, a los múltiples aspectos novedosos, comentaremos en 2 partes los requisitos de aplicación:

Parte I. Empresas instaladoras y/o mantenedoras.



Parte I. Empresas instaladoras y/o mantenedoras.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de protección contra incendios.

Los productos (equipos, sistemas o sus componentes) de protección contra incendios, incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011, llevarán el marcado CE siempre que dispongan de una especificación técnica armonizada, ya sea norma armonizada o documento de evaluación europeo. Los no incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, deberán justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en este Reglamento

Ámbito de actuación de las empresas instaladoras.

La instalación de equipos y sistemas a los que se refiere este Reglamento se realizará por empresas instaladoras, debidamente habilitadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que solicita el alta como empresa instaladora, en los equipos o sistemas que vayan a instalar.

Como novedad importante se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior:
  • Los extintores portátiles cuando la superficie del establecimiento no sea mayor de 100 m2 o se trate de una vivienda unifamiliar, también podrán ser instalados por el usuario.
  • Las mantas ignífugas cuando la superficie del establecimiento no sea mayor de 100 m2 o se trate de una vivienda unifamiliar, también podrán ser instaladas por el usuario.
En cuanto a la habilitación de estas empresas se les exige para la misma un seguro de responsabilidad civil de al menos 800.000 euros, un sistema de calidad certificado, personal habilitado,….

En este caso, a nivel de usuario, hay que asegurarse de que el personal que realiza labores de mantenimiento sobre equipos de protección con gases fluorados de efecto invernadero (generalmente SF6), dispone de e los certificados de cualificación previstos en el Reglamento (CE) n.º 517/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y en el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, (…)

Ámbito de actuación de las empresas mantenedoras.

El mantenimiento de equipos y sistemas a los que se refiere este Reglamento se realizará por empresas mantenedoras, debidamente habilitadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que solicita el alta como empresa mantenedora, en los equipos o sistemas que vayan a mantener.

El usuario de equipos o sistemas de protección contra incendios podrá adquirir la condición de mantenedor de éstos, presentando una declaración responsable y disponiendo de medios técnicos y humanos suficientes para efectuar su correcto mantenimiento, así como de un seguro de responsabilidad civil apropiado.

En el caso de extintores de incendio, la empresa mantenedora colocará en todo extintor que haya mantenido, fuera de la etiqueta del fabricante del mismo, una etiqueta con su número de identificación, nombre, dirección, fecha en la que se ha realizado la operación, fecha en que debe realizarse la próxima revisión. Asimismo, las empresas mantenedoras de extintores de incendio llevarán un registro en el que figurarán los extintores y las operaciones realizadas a los mismos.

Puesta en Servicio en Instalaciones Industriales

Para la puesta en servicio de las instalaciones de protección activa contra incendios EN INSTALACIONES INDUSTRIALES, se requiere:
  • La presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de industria, antes de la puesta en funcionamiento de las mismas de un certificado de la empresa instaladora, emitido por un técnico titulado competente designado por la misma, en el que se hará constar que la instalación se ha realizado de conformidad con lo establecido en este Reglamento y de acuerdo al proyecto o documentación técnica.
  • Tener suscrito un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora debidamente habilitada, que cubra, al menos, los mantenimientos de los equipos y sistemas sujetos a este Reglamento, según corresponda.



lunes, 5 de junio de 2017

El Estado evaluará la eficacia de las subvenciones concedidas.

El Estado evaluará, por primera vez, si merece la pena la montaña de subvenciones que reparte cada año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) investigará «la eficiencia» de cerca de 25.000 millones de euros concedidos cada año a todos los sectores en un ejercicio de control de gasto sin precedentes. Se da por seguro que detectará duplicidades y ayudas públicas insólitas o estériles para los teóricos fines que persigue.


El Consejo de Ministros formalizó el pasado viernes el encargo a la AIReF con mandato de poner bajo la lupa tanto las subvenciones concedidas por la Administración central, como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Los fondos para la formación, las ayudas al transporte público, las subvenciones al gasóleo de determinados colectivos, el apoyo a la agricultura o los estímulos públicos para investigación y desarrollo son algunos de los ejemplos que deberán ser revisados. Se estima que la Administración central y la Seguridad Social otorgan cada año subvenciones por valor de 15.000 millones, las comunidades autónomas, cerca de 7.000 millones y, las corporaciones locales, más de 2.000.

El Gobierno pretende cumplir así una reiterada solicitud de la Comisión Europea, que considera esencial el examen en la lucha contra el déficit público. De hecho, su primera recomendación en su informe sobre España del pasado 22 de mayo incluye la puesta en marcha de este análisis, «porque puede ayudar a cumplir necesidades de gasto con un uso más eficiente de los recursos».

Según el plan de trabajo acordado, se prepararán, en el plazo de dos meses, «un plan de acción que incorporará los aspectos metodológicos y las previsiones del citado proceso de revisión, e incluirá una propuesta inicial con el detalle de las líneas de subvenciones a analizar, las entidades públicas afectadas, los períodos temporales a los que se refiera el análisis, y la información que sería necesaria para la realización de estos análisis, así como el presupuesto y calendario de desarrollo».




lunes, 29 de mayo de 2017

Gestión documental en la gestión de residuos.

En el año 2015 se promulgó el Real Decreto 180/2015 que determinaba el nuevo régimen jurídico para el traslado de residuos en el ámbito del estado. Para aclarar los nuevos conceptos que se avecinaban en la gestión de residuos, publicamos el post : RD 180/2015 por el que se regula el traslado de resiudos. Nuevo marco normativo.

Pasados dos años de la entrada en vigor del mismo, siguen surgiendo dudas respecto a la aplicación del mismo. Por ello en el presente post pretendemos a aclarar algunas de ellas:

¿Sólo traslados entre comunidades? 

El ámbito de aplicación se circunscribe al traslado de residuos entre distintas comunidades autónomas, sin embargo y con el objeto de normalizar la gestión documental, se exige que todos los traslados (inter e intra) dispongan de la misma tipología de documentación: Notificación previa, contrato de tratamiento y documento de identificación.

¿La notificación de traslado y el documento de identificación se aplica a residuos no peligrosos también?

El ámbito de aplicación es para todos los residuos, por lo que el documento de identificación es obligatorio para residuos tanto peligrosos como no peligrosos. 

Asimismo, la notificación de traslado se aplica ya no sólo a residuos peligrosos, sino a residuos no peligrosos destinados a eliminación, a instalaciones de incineración clasificadas como de valorización (operación R1) y a los que se destinen a valorización de residuos domésticos mezclados (LER 200301).

La notificación de traslado deja de ser obligatoria a cada movimiento de residuo. se permite que tenga una validez máxima de tres años si los residuos tienen características físicas y químicas similares y se trasladarán al mismo destinatario y a la misma instalación.

Se debe consignar, si lo hubiere, en la notificación de traslado si el residuo vaya a pasar por un almacenamiento temporal. El operador del traslado deberá indicar en la NT los datos del almacenamiento intermedio y los de un máximo tres gestores destino del residuo.

En la documentación de gestión del residuo, se distinguen la figuras de titular de instalación de gestión y explotador. El destino es la instalación física donde termina el traslado y destinatario la persona física o jurídica que va a realizar el tratamiento de los residuos en la instalación de destino.

¿Quién ha de realizar la notificación de traslado? 

El operador del traslado=productor de residuos (persona física o jurídica que hace trasladar residuos para su tratamiento) es quién está obligado a notificar el traslado. En el contrato de tratamiento se debe la periodicidad de los traslados, el tipo de tratamiento y el protocolo de actuación y rechazo de residuos.

El operador será el encargado de cumplimentar este documento y entregárselo al transportista. El gestor destinatario dispondrá de un plazo de treinta días desde la recepción del residuo para remitir el DI al operador indicando si acepta o rechaza los residuos. Para los movimientos de residuos no peligrosos se permite que un albarán, carta de porte, factura u otro tipo de documento actúe como DI siempre y cuando contenga la misma información que indica el Anexo I.

martes, 16 de mayo de 2017

Arnés de seguridad y plataformas elevadoras

Muchos clientes nos cuestionan el porqué de la obligación de llevar arnés de seguridad en plataformas elevadoras, si estas ya poseen elementos de seguridad tales como rodapiés, barandilla intermedia y superior. Sin embargo, los fabricantes de plataformas incluyen en el manual del operador la obligatoriedad de enganchar el arnés a la cesta de la plataforma ya que el arnés anticaída no es por si vuelca la plataforma, es por si te echa fuera de plataforma (movimientos bruscos, choque contra estructuras, circulación por terrenos irregulares, etc.).

¿Pero la ley soporta esta obligación?

Si. El Anexo II, punto 1, apartado 3 del R.D. 1215/1997 determina que: “Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate. Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control.

En el caso de plataformas de tijera y elevadores verticales unipersonales, al no producirse el efecto catapulta como en las de brazo, si la máquina está equipada con barandillas, no es necesario que el personal que trabaja en un elevador vertical (Plataformas de Tijera y Elevadores verticales unipersonales) utilice el arnés de seguridad, con excepción de circunstancias especiales de riesgo.

Asimismo, al disponer de amplias superficies para la movilidad de los operarios, el arnés limitaría la posibilidad de movimiento de los operadores a bordo de la misma y limitaría la visión del operador en las maniobras (por ejemplo cuando hace marcha atrás). Aunque, si la evaluación de riesgos o un plan de seguridad y salud, lo determinase, así como el manual de fabricante, si sería de uso obligatorio.










miércoles, 3 de mayo de 2017

Retirada de gases fluorados de efecto invernadero.

Los hidrocarburos halogenados han venido siendo utilizados de manera habitual en numerosos sectores como refrigerantes, disolventes, agentes espumantes o como agentes extintores de incendios, por sus especiales propiedades con indudables beneficios para la sociedad.


Sin embargo, entre las características de estas sustancias, hay que destacar su contribución al calentamiento de la atmósfera, así como el alto poder destructivo del ozono estratosférico de aquellos compuestos que contienen cloro y/o bromo, lo que ha obligado a que gran parte de estas sustancias hayan sido reguladas por el Protocolo de Kioto sobre gases de efecto invernadero y por el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

La regulación en materia de gases fluorados tiene la finalidad de controlar la contribución de sus emisiones al cambio climático por un lado, dado su potencial de calentamiento atmosférico (PCA o GWP por sus siglas en inglés), y al potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico por otro (PAO u ODP por sus siglas en inglés), incluyendo en este último caso a hidrocarburos clorados o bromados.

Las empresas habilitadas para el mantenimiento y revisión de los productos y aparatos que contienen gases fluorados, podrán almacenar y transportar tanto gases fluorados vírgenes como gases fluorados recuperados, entendiéndose por tales los extraídos de los productos y aparatos, y los recipientes que los contienen. Cuando los gases fluorados se destinen a la regeneración o destrucción se deberán entregar en un plazo no superior a seis meses a un gestor de residuos para su tratamiento. A tal efecto, deberán disponer de un contrato en vigor con el gestor que asegure la mencionada recogida periódica de los residuos generados en sus instalaciones en el desarrollo de su actividad, así como de una contabilidad actualizada de las cantidades de residuos generadas. Dicha empresa habilitada deberá realizar la comunicación correspondiente al órgano competente de su comunidad autónoma del inicio de su actividad como productor de residuos de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

El personal que realice el transporte de los contenedores de gases fluorados deberá acreditar el cumplimiento del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (ADR), con autorización y registro del transporte por la comunidad autónoma y del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.



martes, 28 de febrero de 2017

La Etiqueta Ecológica

Creada en el año 1992, la Etiqueta Ecológica Europea es parte de los instrumentos habilitados por la UE en materia de control y mejora ambiental. Es un etiquetado voluntario que indica que los productos/servicios adquiridos bajo esta denominación están diseñados y desarrollados teniendo en cuenta un uso eficiente de los recursos naturales.

El objetivo es promover productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros productos de su misma categoría. La consecución de este objetivo se efectúa proporcionando a los consumidores orientación e información exacta, no engañosa y con base científica sobre dichos productos.

Hasta el momento la EEE ha sido objeto de dos revisiones. Resultado de la primera revisión fue el Reglamento 1889/2000, ya derogado y sustituido por el "Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE", actualmente en vigor y fruto de la segunda revisión.
  • La Etiqueta Ecológica de la UE es una etiqueta de tipo I, las cuales tienen las siguientes características generales:
  • Etiquetado voluntario
  • Tienen como objetivo identificar y promover productos ecológicos
  • Establecidas por categorías de productos.
  • Basadas en múltiples criterios a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
  • Criterios establecidos por un organismo independiente que no interviene en el mercado.
  • Aplicación controlada por un proceso de certificación y auditoría. (requerimientos específicos según ISO 10424)

Los productos que por ahora se ha regulado para la obtención de la Ecoetiqueta son:

BRICOLAJE
Pinturas y barnices de interior
COMPLEMENTOS DEL HOGAR
Fuentes luminosas
EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO
Televisores
JARDINERÍA
Lubricantes
MUEBLES
OTROS COMPLEMENTOS DEL HOGAR
Colchones
PAPEL
Papel tisú
RECUBRIMIENTOS SUELOS


¿Quien otorga la Etiqueta Ecológica?

La solicitud se debe presentar en el organismo competente de uno de los Estados Miembros de procedencia. Si el producto se origina fuera de la Comunidad Europea, se puede presentar la solicitud en cualquiera de los Estados Miembros en los cuales el producto va a ser puesto en el mercado.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico de nuestro país, son las Comunidades Autónomas las que deben nombrar organismo competente para la concesión de la Etiqueta Ecológica Europea y la solicitud del distintivo de la Flor debe ser dirigido a los Organismos Competentes de las Comunidades Autónomas de origen del producto.

El organismo competente ante el cual se realice una solicitud percibirá un canon en función de los costes administrativos reales que suponga la tramitación de la misma. Este canon no será inferior a 200 € ni superior a 1.200 €.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas PYME y microempresas según la definición de la Recomendación de la Comisión nº 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003 (DO L 124 de 20 de mayo de 2003, p. 36) y los operadores en los países en desarrollo, el canon de solicitud máximo no será superior a 600 €.

En el caso de las microempresas, el canon de solicitud máximo será de 350 €.

El canon de solicitud se reducirá en un 30% para los solicitantes registrados en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) y con un 15% de descuento con la certificación conforme a la norma ISO 14001. Esta reducción estará sujeta a la condición de que el solicitante se comprometa expresamente, en su política medioambiental, a garantizar que sus productos con etiquetado ecológico cumplan plenamente con los criterios de la etiqueta ecológica de la UE durante el período de validez del contrato y que este compromiso se incorpore de forma adecuada en los objetivos medioambientales detallados. Los solicitantes conformes a la norma ISO 14001 deberán demostrar cada año el cumplimiento de este compromiso. Los solicitantes registrados en el EMAS deberán remitir una vez por año una copia de su declaración medioambiental verificada.

viernes, 17 de febrero de 2017

Fin a las bolsas de plástico gratuitas

Actualmente se está elaborando un proyecto de Real Decreto para incorporar al ordenamiento jurídico español la directiva europea 2015/720 para reducir el consumo de bolsas de plástico en toda la UE mediante medidas como el cobro de un precio mínimo por cada una de ellas a partir del 1 de enero de 2018.

Esta directiva, conocida como "directiva de las bolsas de plástico", busca acabar con las bolsas de plástico en la Unión Europea (UE), que implican un enorme riesgo para el planeta dado el largo periodo hasta la descomposición. Para implementar la medida, los países tendrán que optar por asumir objetivos de reducción del uso de las bolsas de plástico de un grosor menor de 50 micras, las más habituales en la UE, u obligar a que los comercios cobren por ellas a los clientes sin excepciones.

Los estados miembros que elijan la primera opción deberán tomar medidas para asegurarse de que, a partir de 2020, no se utilicen más de 90 bolsas ligeras por persona al año, para reducir aún más su uso a partir de 2026, hasta las 40 por persona.

Si los países se decantan por ponerles un precio, deberán asegurarse de que, a partir de 2019, estas bolsas no sean ofrecidas de manera gratuita a los clientes.

El estado Español está optando por la segunda opción ya que en muchos países las bolsas de plástico ya se pagan y ha quedado patente que es una buena herramienta para la reducción de su uso. En Europa la media es de unas 190 bolsas al año, aunque países como Dinamarca y Finlandia están sólo en 4 bolsas por persona al año.

El proyecto establece que las bolsas costarán un mínimo de entre 5 y 30 céntimos cada una de ellas dependiendo de sus características: las más baratas -5 céntimos- serán las de plástico compostables con un espesor de hasta 29 micras, seguidas por las de 30 micras o más y las de 29 micras o más pero no compostables -10 céntimos-, las de 30 micras o más no compostables -15 céntimos- y las oxodegradables de 50 micras o más -30 céntimos-.

La nueva normativa establece que los comerciantes no podrán entregar de manera gratuita las bolsas ligeras -con un espesor inferior a 50 micras- a los consumidores en los puntos de venta, salvo excepciones "según el uso específico, su compostabilidad o durabilidad", debido a que su consumo produce "altos niveles de residuos dispersos, suponen un uso ineficaz de los recursos y es previsible que aumenten si no se toman medidas."

También están exentas de esta medida las bolsas de menos de 15 micras utilizadas como envase primario para alimentos a granel, mientras que las compostables tendrán por ley un precio inferior al establecido para las de plástico convencional.

En la actualidad y según diversos estudios, se utilizan hasta 238 bolsas por persona y cada una de ellas tarda unos 400 años en descomponerse totalmente; además, apenas un 10% se reciclan, lo que genera unas 100.000 toneladas de residuos al año.

De acuerdo con los datos proporcionados por el sector e incluidos en el proyecto de real decreto, sólo en 2014 se pusieron en el mercado español 62.560 toneladas de bolsas de plástico de menos de 50 micras, equivalentes a más de 6.700 millones de unidades.

Por último el Parlamento Europeo está estudiando de forma exhaustiva el impacto sobre el medio ambiente de materiales como el plástico oxo-biodegradable que con el tiempo se va fragmentando en pequeñas partículas. Para el año 2017 la Comisión Europea deberá proponer el etiquetado y el marcado de productos de las bolsas de plástico biodegradables y compostables para que sean fácilmente reconocibles.

Las bolsas de plástico se fabrican en minutos, tienen una vida útil de minutos, pero tardan un 500 años en desaparecer.